Los funcionarios tenemos que seguir trabajando

Las huelgas nacieron (afortunadamente) como reacción a unas circunstancias muy concretas y muy extremas en los nacientes sistemas industriales. Posteriormente pasaron a consolidarse como arma utilizada por los empleados (de cada vez más sectores económicos) para participar de manera más equitativa en los beneficios generados por la empresa. 

Muchos estados, principalmente en Occidente, ofrecen una gran cantidad de servicios a la población financiados y/o subvencionados por el contribuyente, y para ello disponen de una plantilla de funcionarios. A estos trabajadores públicos también se les ha reconocido el uso del derecho a huelga, que ejercen cuando consideran que sus reivindicaciones no están siendo escuchadas. El argumento de conseguir un mejor reparto de los beneficios, si bien válido para la empresa privada, aquí se hace menos obvio.

La intención de un huelguista en el sector privado es perjudicar de tal manera a la empresa, que el empresario se vea forzado a negociar las demandas que se le plantean. El perjudicado de la huelga de un empleado público no es un empresario. Cuando un trabajador público se declara en huelga está negando sus servicios a numerosos ciudadanos con nombres y apellidos.

Sé que una parte de los empleados públicos, así como de los ciudadanos, están a favor de la huelga como medida para preservar dichos servicios, y garantizar su futuro. Pero también sé que hay otros como yo que, aun reconociendo la justicia de algunas de esas reivindicaciones, piensan que los funcionarios tenemos que seguir asistiendo a nuestro puesto de trabajo todos los días. 

La narrativa de los funcionarios que hacen huelga es la siguiente, más o menos: Voy a privarte de mis servicios. A mí esto me cuesta parte del sueldo y además estoy también sacrificándome un poco por todos vosotros.  Si estás de acuerdo, perfecto que compartamos los mismos objetivos y los mismos enemigos. Y si no, lo siento, pero es que es por tu bien, y además es por unos ideales en los que yo creo. Me veo incapaz de comulgar con esto.

Resumiendo: creo que los funcionarios, como ciudadanos libres que somos, podemos presentar y publicitar nuestras reclamaciones de todas las maneras que se nos ocurran (al fin y al cabo, ya no estamos en el siglo XIX, ni siquiera en el XX) pero nuestra responsabilidad ante el servicio que prestamos a la comunidad tiene que primar sobre, muy en concreto, el derecho a huelga.